Las máquinas son inventadas para hacer más eficaz el trabajo de los seres
humanos. Pero a veces la máquina que mejora el trabajo de una persona, empeora
o entorpece el de otras . Cabe entonces preguntarse por la rentabilidad
"social" de esa clase de máquinas.
Un ejemplo práctico y de valoración inmediata lo tenemos en las máquinas
de limpieza ruidosas.
Un operario municipal puede terminar su trabajo en menos tiempo si lo
hace con una de esas máquinas que si lo hace con herramientas tradicionales y
silenciosas como escobas y rastrillos.
Pero en un entorno urbano hay
cientos o miles de vecinos en las proximidades. Y esos ciudadanos también están
desarrollando sus trabajos y actividades. El ruido de esas máquinas interfiere en
su labor de muchas maneras, empeorándola. Muchos habrán sido interrumpidos en
una actividad intelectual que exija concentración, por ejemplo un contable, y
tendrán que reiniciarla. Otros habrán perdido unos segundos por la distracción
y deberán recuperarlos . Otros pueden estar desarrollando alguna actividad sencillamente
incompatible con ese ruido, por ejemplo una grabación o una conferencia. Otros,
posiblemente estén descansando o incluso durmiendo (en la vida moderna hay
horarios laborales diversos) y esa perturbación degradará su trabajo futuro,
etc, etc. Todo ello sin hablar de otras muchas situaciones posibles como la madre cuyo
bebé despierta llorando y debe atenderlo, descuidando alguna otra labor, etc.
Si sumamos el tiempo y los
recursos perdidos en la labor de esos cientos de personas, es seguro que dan un
resultado mucho mayor que el tiempo y los recursos optimizados por el operario
municipal.
Los políticos
deben buscar la rentabilidad social o global de sus acciones. Eso que se llama
“Bien Común”. Por ello esas máquinas deberían prohibirse en entornos urbanos. No
pasa nada por usar escobas para recoger hojas en vez de máquinas sopladoras,
por ejemplo. Si el ayuntamiento debe contratar a un operario más, se le
contrata. El gasto global de dinero y recursos, incluyendo entre muchos otros el
gasto sanitario derivado del deterioro de la salud por ruido, será mucho menor.
Y ello dejando aparte otras formas posibles de contaminación, además de la de
tipo acústico, que en realidad también deberían considerarse.
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